Por J.M. Romero

La laguna del Mar Menor, y el entorno que la configura, están próximos a ser reconocidos legalmente sujeto de derecho por el Congreso de Diputados. La iniciativa se enmarca en el importante giro ecocéntrico que, en los últimos años, están adoptando las nuevas teorías de la justicia (Vicente-Giménez, 2020): entrelazan Justicia y Ecología en una nueva Ética Ecológica (Justicia Climática, Justicia Ambiental y Justicia Ecológica).

El Mar Menor es una de las lagunas saladas más importantes del Mar Mediterráneo. Su importancia medioambiental y valor ecológico se evidencian por figuras de protección y los instrumentos de carácter regulador promovidos en los últimos veinticinco años, como son:

1) Internacionales: reconocimiento como Humedal RAMSAR (Humedales de Importancia Internacional, en especial como Hábitat de Aves Acuáticas), ZEPIM (Zona de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo. Convenio de Barcelona); 

2) Europeos: Red Natura 2000, Zona ZEPA (Zona de Especial de Conservación para las Aves) y ZEC (Zonas de Especial Conservación); y

3) Nacionales: Parque Regional de las Salinas de San Pedro y Paisaje Protegido Espacios abiertos e islas del Mar Menor; Área de Protección de Fauna Silvestre.

Sin embargo, los reconocimientos obtenidos han sido insuficientes para proteger y cuidar el conjunto del ecosistema del Mar Menor y su cuenca. La presión urbano-turística que rodea la laguna, junto con la invasión de las producciones agrícolas y ganaderas intensivas que la rodean, han ido deteriorando progresivamente su ecosistema. Por causa de ello, han ocurrido graves episodios de mortandad de su fauna por anoxia -por eutrofización-, especialmente graves en 2019 y 2021. Estos episodios han servido para dar visibilidad a la grave problemática existente, y concienciar a la ciudadana.

De esta manera, durante el curso 2019/2020 se inició, en la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia –que dirige la profesora Teresa Vicente-, un estudio sobre la posibilidad de dotar al Mar Menor de personalidad jurídica y derechos propios, que concluyó en mayo de 2020. Éste fue anunciado en el periódico La Opinión de Murcia, y recogido por el alcalde de Los Alcáceres. A partir de ese momento se forma la Plataforma para la Iniciativa Legislativa Popular Mar Menor–ILP-, para el otorgamiento de derechos y personalidad jurídica a todo el ecosistema de la cuenca del Mar Menor. Ésta se ganó en julio de 2020 en el propio Ayuntamiento de Los Alcázares, pero no se admitió a trámite por la Asamblea Regional de Murcia. Ese mismo mes de julio, se inició la ILP Nacional que se encuentra desde el 15 de marzo de 2022 en el Congreso de Diputados para su discusión y aprobación en los próximos meses.

El proceso de la ILP de ha desarrollado extremadamente rápido: poco más de dos años. Según sus promotoras, la propuesta para el Mar Menor nace desde abajo, desde el pueblo. En un primer momento, tanto el partido PP como el PSOE se abstuvieron de dar su apoyo a la ILP. Sin embargo, ahora todo el mundo ve la iniciativa con buenos ojos (excepto un solo partido). Ha recogido 639.826 firmas; 100.000 más de las exigidas para su aceptación por el Congreso. Además, es el primer caso europeo de un reconocimiento de derechos a un ecosistema; y se ha constituido en un referente para la ONU. La importancia de la iniciativa, aparte del proceso de abajo-arriba –y de ser reconocido por las Administraciones Públicas-, está en el hecho de que se le concede a un ecosistema reconocimiento, capacidad de existir, de regenerarse y de evolucionar, y por ello, de igual manera, a las relaciones de sus agentes entre sí y con su medio, como un todo con vida propia.

La iniciativa, después de haber sido aceptada para su tramitación en el Congreso de Diputados español, será expuesta el próximo 22 de abril de 2022 en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, al haberse incluido en el Programa de Armonía con la Naturaleza (se expondrá por Teresa Vicente y Mario Cervera en el Panel 2: Ecological Economics to Protect Biodiversity in HwN).

Las consecuencias de esta iniciativa -y de otras que van en la misma línea conceptual-, obligan a todas las disciplinas -especialmente a las que hablan del territorio y del espacio en general-, a adoptar puntos de vista inéditos; es decir, a cambiar de un planteamiento antropocéntrico, a planteamientos ecocéntricos. Un acontecimiento profundamente proactivo.

Referencias:

Plataforma para la Iniciativa Legislativa Popular Mar Menor: https://ilpmarmenor.org

VICENTE-GIMÉNEZ, Teresa (2020). De la justicia climática a la justicia ecológica: los derechos de la naturaleza. Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. XI Núm. 2 (2020): 1 – 42. Estudi