Trump International Hotel & Tower Panamá. Fuente: http://www.booking.com

Para nosotros el principal mensaje del artículo, que en este cuarto post* seguimos comentando, se introduce un poco antes del final del tercer párrafo.

«No es de extrañar que precisamente la actuación del Hotel de la ‘Torre del Puerto’, y otras actuaciones que se están desarrollando actualmente en la ciudad, se produzcan en estos momentos y no antes porque es ahora cuando la ciudad tiene la oportunidad de realizar un tránsito desde las complejas herencias urbanísticas de una confusa y discutible etapa anterior hacia la nueva ‘modernidad’ […]»

Negamos que este proyecto, en cuanto arquitectura, tenga algo de novedoso; el mismo concepto de modernidad al que parece referirse estaba ya desacreditado en los años 70. Pero no es éste el debate que nos interesa. Porque en un cierto sentido la actuación objeto del artículo sí es muy actual, concretamente cuando habla de dejar atrás «[…] complejas herencias de una confusa discutible etapa anterior […]». Interpretamos que en el fondo (y probablemente sin que lo advierta el autor) lo que esté en cuestión es el sentido social y legitimidad de la urbanística como práctica política, jurídica y profesional.

Desde 1956 la legislación del suelo en España se ha caracterizado, entre otras cosas, por: 1) en cada municipio rige una norma, llamada Plan General, que expresa una especie de acuerdo colectivo sobre cómo debe ser el proceso urbanizador y su resultado material (qué ciudad queremos); 2) los cambios de adaptación importantes deben realizarse con las maximas garantías de participación ciudadana, las mismas que las previstas por la ley para la formación del Plan General; 3) lo que se persigue es la equidistribución de cargas y beneficios en la actividad urbanizadora, más la participación de la colectividad en las plusvalías así generadas.

La crítica es que la legislación prevé un mecanismo administrativo lento, rígido y poco eficiente que necesita mucha burocracia, que fácilmente se convierte en parte del problema. Y según la lógica del movimiento de capitales internacionales, esto lastra terriblemente la competitividad en el mercado global de las ciudades, al no responder con rapidez y flexibilidad a lo que demandan las inversiones inmobiliarias importantes. Ambos objetivos tienen una doble dimensión, política y técnica. Desde ese punto de vista los procesos participativos alargan demasiado los trámites y no garantizan un resultado favorable.

La manera que con frecuencia se utiliza para evitar estos problemas, es la negociación directa entre los promotores de la operación y el gobierno municipal, reduciendo al mínimo la participación pública. Hay entonces dos dinámicas muy diferentes: para los pequeños agentes sujeción a lo previsto en el plan general y los procedimientos reglados. Para los grandes, adecuación de la ordenación urbana preexistente y de la tramitación, a lo acordado con el alcalde, de modo que la ciudad resultante será la agregación de estas intervenciones importantes, con un gran poder de transformación, a conveniencia, en cada caso, de los inversores y partido gobernante, con muy escaso conocimiento y participación de la ciudadanía.

Respecto los técnicos, ya no interpretan un documento aprobado con anterioridad, ahora dan forma a una decisión política del gobierno municipal. Sin embargo, en el caso de esta actuación, su papel no se limita a ser un mero instrumento; a favor de esta sospecha concurren dos circunstancias que han podido pasar inadvertidas. La primera es que la Gerencia de Urbanismo Municipal ya tomó partido por este tipo de actuación, excluyendo cualquier otro uso público o privado, cuando desarrolló dos anteproyectos de hotel con anterioridad a esta iniciativa. La segunda corresponde a la función que ha desempeñado el arquitecto director del proyecto, como impulsor originario y actual de esta promoción, aspecto, este, que para nosotros en absoluto es constitutivo de reproche alguno, más bien, junto con todo lo demás, dato muy interesante que apoya la conclusión general que expondremos al final de esta serie de posts.

«[…] que le ofrece su actual momento de auge económico, cultural y social que le aporta su pujanza turística.»

Aquí se resume uno de los tópicos más equivocados y persistentes del discurso dominante, a menudo recurso definitivo para anular a las voces discrepantes. La intensa actividad turística proporciona buenos datos económicos, pero sólo en las cifras brutas y globales ¿quiénes se benefician realmente? Ponemos un ejemplo muy próximo: entre 126 ciudades españolas Marbella, la joya de nuestro turismo, ocupaba en 2014 el puesto 116 en cuanto a la renta media de los hogares (Fuente <http://www.ine.es/prensa/ua_2017.pdf>).

Los datos son igualmente malos en lo relativo a desigualdad social. En Málaga asistimos a una masiva expulsión de la población del Centro histórico debido a la eliminación del parque residencial, a la vez que se concentra la inversión municipal en detrimento de los demás barrios. Y en relación con la cultura, francamente no vemos el beneficio aportado por el turismo, todo lo contrario, también aquí la cuantiosa inversión es para productos culturales importados, empaquetados y espectacularizados para atracción de turistas, no para la creación y producción local.

* ‘Miradas’ a la Torre del Puerto (1)
* ‘Miradas’ a la Torre del Puerto (2). Málaga y la competitividad turística
* ‘Miradas’ a la Torre del Puerto (3). Recetas simples para sociedades complejas